El negocio ilícito de venta de terrenos, por parte de extranjeros, en posesiones fiscales, como es la ribera del Mapocho frente a la comuna de Talagante, denunció el Concejal Nicolás Huaico durante la última sesión de concejo municipal. “Este no es un tema nuevo, es un tema que planteé personalmente hace un año atrás. Lo planteé en octubre o septiembre, más o menos, del año pasado”, replicó el abogado.
Nicolás Huaico sostuvo que se trata de una situación constitutiva de delito desde todo punto de vista. “Son terrenos que no son de nadie, son terrenos del Estado, son del fisco, no se pueden vender, son bienes nacionales de uso público y en algunos casos ni siquiera pueden ser utilizados por un particular bajo ningún respecto porque parte de esos terrenos están destinados a contención del río o defensa, entonces, son una franja de seguridad”, precisó.
El representante de la comunidad local insistió que nuevamente dio cuenta del hecho ante el Concejo Municipal, por cuanto a pesar de haber sido tema en esa instancia de gobierno local, no se han tomado medidas. “Simplemente, el punto vario que volví a plantear ahora se motiva en que el municipio no ha hecho gestiones en ese sentido, a pesar que este tema se ha planteado”, indicó el concejal, quien discrepó del criterio planteado por la autoridad comunal en algún momento sobre esta situación.
“El alcalde en su momento fijó una postura, también, señalando que él no iba a promover el desalojo de las familias que ahí se habían instalado porque entendía que tenían una necesidad real, y ese es un tema que se puede comprender, hay que ser claro en eso, pero podemos tener diferencias porque yo ahí creo que hay situaciones que pueden ser de mucho riesgo y hay que evaluarlas, hay que hacer todos los esfuerzos por erradicar a esa gente. No basta con un discurso de decir simplemente: no los vamos a sacar. Pero, este es un tema distinto”, aseguró Nicolás Huaico.
Según señaló el concejal en el último tiempo ha seguido recibiendo denuncias sobre este hecho que merece ser atendida, incluso por la Fiscalía Local. “Recientemente me he enterado por algunas personas y miembros de instituciones que inmigrantes de otras nacionalidades le venden a inmigrantes venezolanos y haitianos terrenos en la ribera del río y los obligan a pagar, también, bajo amenaza en algunos casos. Según he sabido los valores fluctúan entre los 200 y los 400 mil pesos por terreno, entonces, esa es una situación absolutamente irregular y tenemos la obligación de solicitar al Ministerio Público que investigué”.
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