Funcionarios de la U del Pacífico arremeten contra su empleador ante el no pago de sus remuneraciones e imposiciones entre otros

A la manifestación que han llevado adelante los estudiantes de la desaparecida Universidad del Pacífico sede Melipilla, especialmente esta semana con la vigilia que realizaron a la espera del administrador de cierre que de paso fue también designado hace pocos días por el Consejo Nacional de Educación, el abogado Roberto Nahum Anuch, se suma la molestia e impotencia de funcionarios de la institución, quienes atribulados por su actual situación financiera y la nula respuesta de su empleador para dar respuestas concretas sobre la cancelación de sus remuneraciones, entre otros, decidieron alzar la voz para dar a conocer más detalles sobre este episodio que involucra, directamente, al presidente del directorio de UPA, Pablo Ortúzar Muñoz y su familia.

Tras la falta empatía que ha mostrado Ortúzar, tanto con los alumnos quienes lo han encarado duramente para dar soluciones como con sus trabajadores, éste continúa sin pronunciarse claramente sobre la cancelación de remuneraciones ni cotizaciones, algo que por cierto inquieta a quienes trabajaron incluso por años para la institución con más de 40 años de trayectoria académica estaba a bajo la administración de la familia Ortúzar.

De esta manera, el Contralor de dicha casa de estudios, Claudio González, manifestó haberle comentado a Pablo Ortúzar, sobre la insostenible situación financiera que veía en la universidad, “para que se ocupara de ello”, no obteniendo respuestas concretas ante la inquietud planteada. “Con ello demostró absolutamente no tener ningún interés sobre lo que estaba sucediendo y que estaba afectando, tanto a alumnos como personal y docentes de la universidad. En ese sentido, la familia Ortúzar a través de Pablo, nunca tuvo un interés real en esto y así lo han demostrado hasta el día de hoy”, agregó.

Según González, las pérdidas de la UPA en términos contable y al menos en los últimos dos años, sumaron alrededor de cuatro mil quinientos a cinco mil millones de pesos, “desde un punto de vista técnico, porque con todo lo que debe la universidad, habría que hacer un sumario con la deuda que existe, también, con los sueldos de los profesores, de los cuales muchos están con sus honorarios impagos desde noviembre 2018”, destacó.

 

Un final sin nada de pacífico

Cuando la situación de la casa de estudios estalló ante los medios de comunicación, en el mes de noviembre de 2018, aún la gente, entre los que contaban alumnos, sus familias inclusive los mismos trabajadores de la UPA, no dimensionaba, exactamente, las pérdidas ni detalles de este amargo episodio, pues Pablo Ortúzar siempre se ocupó de poner “paño frío” a las interrogantes.

Pero fue a través de un artículo realizado por el Centro de Investigación Periodística CIPER, publicado el 29 del mismo mes, cuando se hizo mención de que la familia Ortúzar dejaba al plantel con una millonaria deuda, la que podía alcanzar los 5 mil millones de pesos.

Sin embargo, y a pesar del descalabro financiero que llevó, finalmente, al cierre de la universidad tanto en las Las Condes como Melipilla, ésta se niega a desaparecer del todo, manteniendo una precaria atención, con un mínimo de funcionarios, en un par de salas de un colegio en la comuna de Lo Barnechea. Dichos empleados, habrían sido escogidos por el propio hijo del fundador de la institución, Julio Ortúzar Prado, sin ninguna claridad ante sus demás colaboradores, y por cierto, bajo sus normas y criterios. “Él decidió seguir trabajando con algunas personas allá, que son de su expresa confianza según lo dicho por él, y eso es porque ellos hacen lo que él necesita que hagan. Personas como yo u otra que siguen siendo funcionarios de la universidad, hemos sido dejados al margen de todo lo que es administración, precisamente, porque él considera que decirle las cosas a la cara, hace que no seamos dignos de su confianza, tomándolo él como una traición y siendo finalmente él quien fue que nos traicionó, no sólo a nosotros como funcionarios, sino también a la propia universidad como proyecto educativo, a los alumnos y sus familias”, indicó molesto el contralor de Upacífico.

 

Funcionarios a la deriva

A los dichos de Claudio González, se sumaron otros, como el de Carlos Albini Rojas, quien desempeñaba funciones en el área de Registro Curricular de la universidad. En la oportunidad, Rojas Albini, quien tiene 21 años en la casa de estudios, también hizo saber “la pesadilla” que ha vivido en estos últimos meses, mencionando que “estamos todos fregados por este caballero”, y que como la familia Ortúzar es “dueña de la Universidad”, Pablo Ortúzar, debe hacerse cargo de esta situación como representante legal. “Gracias a la inoperancia que tuvieron (la familia Ortúzar) estamos como estamos. Esto fue una tontera de ellos, un mal manejo”, aseguró.

Con respecto a su remuneración, el trabajador de “La Pacífico” sostuvo que ya dijeron que la universidad no va a pagar ningún sueldo, porque según ellos, no hay dinero y están quebrados. “Me gustaría que el cobarde se ponga los pantalones y pague, que asuma sus errores y que lo pase tal cual como lo estamos pasando nosotros. Él (Pablo Ortúzar) nunca se ha puesto en nuestros zapatos y no tiene idea lo que hemos estado pasando… Pablo ha dicho, por ejemplo, que sus hermanos (de los cuales varios trabajaron en la universidad) están buscando trabajo desesperados y eso es una mentira, porque él es un mentiroso”, sentenció Rojas.

Carlos Escobar, Director de las carreras de Ciencias Agropecuarias, con más de 13 años en UPA, también se sumó a los dichos de sus colegas indicando que “esta situación se hizo insostenible, respecto a la irresponsabilidad de haber jugado con el futuro de muchos estudiantes y adicionalmente, con el de los funcionarios de la universidad. Al igual que mis colegas, estoy sin remuneraciones hace tres meses, sin pago de imposiciones y con muchos problemas económicos respecto a la situación que mantiene cada familia”.

Asimismo, Escobar dijo que espera que la familia Ortúzar, especialmente el hijo del fundador de la UPA, “de la cara y se haga cargo de la situación”, ya que “no solamente son los alumnos los afectados, sino también funcionarios con los que se jugó con su tiempo y dinero”.

A pesar de que la institución tiene un administrador de cierre, el que iría en pleno beneficio de los estudiantes para ayudarlos a terminar sus respectivas carreras, los funcionarios continúan sin respuestas a sus demandas, por lo que aseguran seguir “sin bajar los brazos”, para tratar de llegar a un final digno.

 

La danza de millones que asfixió a la institución

Tras la noticia revelada por CIPER, que daba cuenta del entramado de los negocios que terminaron por asfixiar a la casa de estudios, cancelando por ejemplo en el año 2013, cerca de $1.504 millones en sueldos a directivos, los que incluían por cierto, a cinco hijos y un yerno del controlador Julio Ortúzar, y entre el 2009 y 2013, otros $6.751 millones para arriendos relacionados con la fundación de la familia Ortúzar, la crisis quedaba al descubierto con datos fidedignos, cuyos antecedentes están en la base de datos del poder judicial, con varias demandas civiles hacia la universidad, desde el año 2017.

Con estos datos ya conocidos y más la actitud que ha mostrado su empleador, el controlador de la universidad manifestó que “hasta ahora me estoy yendo sin un peso de acá y es la misma situación de casi todos mis colegas, los que quedamos con tres meses sin sueldos, nueve sin pago de cotizaciones, ni Isapre, ni AFP, además de una serie de créditos que se estaban siendo descontados por planillas y que nunca fueron cancelados por la institución… espero que Pablo Ortúzar pague por la responsabilidad que ha tenido en todo este debacle y extra oficialmente, lo que esperaría para él, es que conociera la cárcel por dentro”, arremetió.

Por otra parte, Héctor Vargas, asistente del departamento de Títulos y Grados también responsabilizó de esta situación a Pablo Ortúzar, su familia y “gente que lo rodea”, como es el caso de integrantes del directorio, entre los que cuenta un cuñado del representante legal de UPA, Rodrigo Pumarino, quien de paso acompañó al hijo del fundador de la universidad, el pasado domingo 17 de marzo, para retirar valiosos equipos de laboratorio, cuyo valor aproximado superarían el millón de pesos, cada uno; la Secretaria General de la universidad Gloria Francisca Vargas, cuyo trato con funcionarios y especialmente con alumnos, no ha sido de los mejores, sino más bien humillante, tal como lo señaló una estudiante de Enfermería que esta semana se acercó a las nuevas dependencias de UPA, en busca de sus documentos. “Allá llegamos a la súper sala en la que están atendiendo y a la que (Gloria Vargas) llegó después del mediodía, diciendo que tenía que retirarse antes de las dos de la tarde. Nosotros le dijimos que no nos íbamos a mover sin nuestra documentación y fue ahí donde nos echó a carabineros”, relató la estudiante.

Al ser consultado sobre si Pablo Ortúzar ha dado algún tipo de solución a los problemas por los que atraviesan los trabajadores, Héctor Vargas mencionó que “hablé hace dos semanas con él cuando nos citó, y personalmente pensé que era para cancelarnos lo que nos debía, pero ahí él nos dijo que la universidad estaba quebrada y quería que trabajáramos GRATIS, mientras llegaba el interventor… Pero sí hay personas a las que convenció para trabajar en la nueva dirección de Avda. El Rodeo en Santiago, hasta donde llegan alumnos de todas partes, incluyendo Melipilla y alrededores, los que son anotados en un cuaderno sin entregarles mayores soluciones, porque la verdad es que la gente NO está trabajando, producto de que tenemos nuestros sueldos impagos”, destacó.

En tanto, Pedro Leal, jefe de carreras de Ingeniería y Técnico en Prevención de Riesgos, sostuvo que si se hubiese hecho un cierre programado de la universidad, nada de esto habría pasado. “Yo fui una de las personas que fue a ver a Pablo cuando vino escondido a la sede Melipilla a retirar cosas, el pasado domingo. Ahí tuve la oportunidad de decirle en su cara lo que provocó con su nefasta administración, responsabilidad que, por cierto, endosó a otros importantes directivos de esta casa de estudios, en una forzada reunión que tuvo que hacer sí o sí en ese instante, ante la presión ejercida por estudiantes y trabajadores que ahí estuvimos. Pero ahí también pude constatar lo poco profesional y sinvergüenza que es el Sr. Ortúzar, quien se desligó de toda responsabilidad, culpando a terceros, tal cual como ha sido su actuar en el último tiempo. Él y su familia son los autores y responsables de esta macabra situación y fueron ellos quienes truncaron los sueños de los alumnos, sus familias, y de paso los nuestros”, culminó.

Cabe recordar que en su inesperada visita a Melipilla, hace algunos días, para retirar algunas cosas de la sede local, tras los saqueos que ha sufrido el edificio, Pablo Ortúzar no quiso dar declaraciones a los medios de prensa para aclarar los temas que rondan el cierre de la universidad, mientras que en la reunión que tuvo que sostener con sus colaboradores y alumnos, sólo expresó no tener nada que ver, puesto que él sólo es el representante legal de la institución.

Al término de esta nota, un ex funcionario de la institución, al que identificaremos como “Alfredo”, tras haber encontrado un nuevo trabajo que desea cuidar, alejándolo de esta polémica, manifestó que él aún no cuenta con un finiquito, sin haber visto hasta la fecha, el pago de imposiciones, Isapre, seguros y créditos asociados, los que sí fueron descontados por planilla. “La universidad usó plata de los trabajadores y no canceló las obligaciones previsionales que nos fueron descontadas, lo que es una muestra más del abuso que hicieron los controladores de esta institución y por cierto, una apropiación ilícita”, finalizó.

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