Tras una audiencia de formalización que se prolongó por dos horas y media, el Tribunal de Garantía de Talagante acogió la solicitud del Ministerio Público y la parte querellante, decretando la prohibición de abandonar el país o arraigo nacional para el gerente general del Relleno Santa Marta Rodolfo Bernstein Guerrero y el gerente de operaciones, Richard Oyarce Gálvez. De igual modo, el magistrado acogió la petición del plazo de investigación de un año propuesta por el Fiscal Heriberto Reyes Carreño y desestimó los 120 días pedidos por la abogado defensora de los imputados.
Cabe mencionar que hasta Avenida Bernardo O’Higgins 2160, junto a los abogados litigantes e imputados llegaron vecinos de Lonquén que viven alrededor del emplazamiento del relleno y que han sido afectados por el daño ambiental generado por el Relleno Santa Marta, como también algunos dirigentes locales, como Mario Muñoz y Carlos Navarro Gallinato. También se hizo presente en la audiencia el Concejal de Talagante y abogado, Sebastián Rosas, quien presentó un recurso de protección contra el Relleno Sanitario, junto a su colega de San Bernardo Christopher White, ante la Corte de Apelaciones cuatro días después de ocurrido el incendio el año 2016.
Cabe mencionar que al inicio de la audiencia el ente persecutor se desistió de formalizar por esta misma causa al jefe del sistema de riego del Relleno Santa Marta Cristián Gálvez Miranda, como también jefe del sistema de forestación y planes de manejo, Alfonso Rojas Lefort. “Hubo dos personas en la audiencia que nosotros nos desistimos de formalizarla y tiene que ver con una cuestión de estrategia de la investigación y, al día de hoy, nosotros descartamos comunicarle cargos, pero es una cuestión circunstancial”, explicó al término del procedimiento el Fiscal Heriberto Reyes.
En su exposición previa a la formalización propiamente tal, el persecutor dio cuenta de las distintas situaciones que dieron origen al desplome de la biomasa y que según el Fiscal Heriberto Reyes comenzaron en diciembre de 2015 con la apertura de una grieta que fue ahondándose las semanas siguientes y que fue informada por los trabajadores a los gerentes del relleno. Ese fue el origen de lo que ocurriría durante la primera quincena de enero de 2016 con el desplome de lo equivalente a 6 canchas de fútbol y posterior incendio, según relató el Ministerio Público.
“Nosotros fuimos para investigar un gran incendio y, en realidad, terminamos viendo que había una situación de daño ambiental muy grave, a partir del derrumbe de un relleno sanitario, el más grande que existe en el país, que es Santa Marta, que está ubicado en Talagante, en la provincia de Talagante”, sostuvo el Fiscal Heriberto Reyes. “Ellos –los imputados- tuvieron varias alerta y nosotros las describimos en la audiciencia: de que estaba ocurriendo algo muy peligroso y la orden fue monitorear y seguir operando”, añadió.
Consultado por su apreciación respecto de la medida cautelar propuesta al tribunal y acogidas por el mismo, el Fiscal Heriberto Reyes señaló que se fundan tanto en la condición de los imputados, como en la naturaleza de la investigación a realizar en adelante. “Las razones para pedir el arraigo nacional tienen que ver por una parte con la proporcionalidad de las medidas cautelares, esa medida cautelar nos parece que es proporcionada con la penalidad asociada al delito, con los antecedentes penales de los imputados, y porque es funcional a la investigación”.
“A uno –añadió-, como fiscal, lo que le interesa es que los imputados estén disponibles en todo momento a los actos del procedimiento y a los actos de la investigación y en esa medida, en la medida que ellos no puedan ausentarse del territorio de la república, yo puedo garantizar esa disponibilidad para la investigación”, aseguró el persecutor. De igual modo, estimó que el plazo de la investigación en curso para someter a juicio fue bastante razonable, a pesar de algunas consideraciones.
“Yo creo que el plazo que pedimos y que nos concedió afortunadamente el tribunal, es un plazo que sigue siendo muy exiguo, pero cuando uno hace este tipo de peticiones, tiene que procurar una razonabilidad entre el plazo ideal para investigar y también la afección que le puede generar a los imputados un régimen cautelar”, acotó el Fiscal Ambiental de la Fiscalía Local de Talagante, Heriberto Reyes Carrasco.
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