La fiscalía se quedó sola en su intento de revertir la elección presidencial con una sorpresiva investigación criminal para inhabilitar al Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo, el académico que dio la sorpresa en la primera vuelta y podría triunfar en el balotaje
El Ministerio Público de Guatemala, dirigido por una fiscal general a la que Estados Unidos ha calificado de funcionaria antidemocrática y corrupta, movió ficha en un último intento desesperado por anular los resultados de las elecciones generales del 25 de junio pasado, que dejaron como gran ganador de la jornada al Movimiento Semilla, de oposición, al enviarlo a un ballotage con buenas posibilidades de llegar a la presidencia del país.
El jefe fiscal Rafael Curruchiche, también calificado por el Departamento de Estado en Washington como funcionario corrupto, lo anunció en la cuenta de Twitter del Ministerio Público de Guatemala (MP) ya entrada la noche del miércoles 12 de julio: a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que él dirige, un juez suspendió la personería jurídica al Movimiento Semilla, de oposición, lo cual impedía a su binomio presidencial participar en la segunda vuelta programada para el próximo 20 de agosto contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
A diferencia de ocasiones anteriores en que todo el sistema de justicia se mostró unido en casos contra personas o instituciones que se han opuesto o criticado al gobierno guatemalteco, esta vez el Ministerio Público se quedó solo. Media hora después del anuncio de Curruchiche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de la elección del 25J y, entrada la tarde del jueves 13, los magistrados electorales anunciaron que no reconocían la suspensión de Semilla y mantenían su veredicto de que la segunda vuelta se realizará el próximo 20 de agosto.
La Corte de Constitucionalidad (CC), que unos días antes había entorpecido el proceso electoral al admitir un recurso que facilitó reconteos innecesarios de votos, esta vez también dio la espalda a quienes, como el MP, se empeñan en torpedear los resultados electorales. El jueves, pocas horas después del anuncio del fiscal Curruchiche, la CC admitió un amparo que congeló la decisión del juez que suspendió a Semilla. La corte, sin embargo, dejó abierto un espacio para que la investigación al partido de centro izquierda continúe en el futuro.
La tensión política había escalado en Guatemala tras la acción del Ministerio Público. Desde organizaciones sociales y gobiernos extranjeros llegaron reclamos de que el MP estaba poniendo en riesgo la estabilidad del país, su democracia, y de que estaba utilizando el derecho penal para criminalizar al único partido de oposición vigente en Guatemala, que además tiene buenas posibilidades de convertirse en el próximo gobierno.
En las calles se sumaron a los simpatizantes de Semilla colectivos artísticos, organizaciones sociales y representantes de comunidades indígenas a exigir respeto a los resultados electorales y la renuncia del fiscal Curruchiche y su jefa, la fiscal general Consuelo Porras. La concentración más numerosa ocurrió frente a las oficinas centrales del MP en el centro de la Ciudad de Guatemala.
Hubo momentos de tensión importantes, como cuando la fiscal Cinthia Monterroso, enviada de Curruchiche, ingresó con agentes armados a la sede del Registro de Ciudadanos del TSE a incautar documentación de Semilla o cuando, por orden presidencial, miembros del ejército acordonaron el palacio de gobierno en la capital.
Las condenas a lo actuado por los fiscales llegaron desde todos lados. Una de las reacciones internacionales más fuertes fue la de Washington, a través de Brian Nichols, el subsecretario asistente para el hemisferio occidental, quien acusó al MP de amenazar la democracia electoral de Guatemala. “Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco”, sentenció Nichols en un tuit.
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