La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el presidente Nayib Bukele, decretó cerca de las 3:00 a.m. del domingo un estado de excepción pedido por el presidente para, se supone, combatir una escalada en los homicidios que el sábado 26 de marzo dejó 62 cadáveres en las calles del país.
Con esto, la ley permite al Ejecutivo suspender por 30 días los derechos constitucionales de libre asociación, de acceder a un abogado defensor, de ser presentado ante un juez en un plazo no mayor a 72 horas, y permite al gobierno intervenir sin orden judicial correos y comunicaciones. Todo esto en un país cuyos órganos de Estado e instituciones contraloras Bukele maneja sin cortapisas desde el 1º de mayo de 2021, cuando su partido ganó supermayoría en el Legislativo.
El estado de excepción, dicen la propaganda oficial, el fiscal general nombrado por Bukele y el mismo presidente, servirán al Ejecutivo para dar “cacería” a las estructuras de las pandillas MS13 y Barrio 18 a las que se atribuye la mayoría de los homicidios del sábado -y cuyos miembros están entre la mayoría de las víctimas-, pero también a quienes el gobierno entienda que las financian y apoyan.
La mayoría de los muertos, de acuerdo con oficiales de la Policía Nacional Civil que al mediodía del sábado filtraron información sobre el aumento de los homicidios, eran miembros de las pandillas. Cuando el contador registraba 29 asesinatos, 19 muertos eran de la MS13 y uno del Barrio 18 Sureños; el resto, según el reporte, no tenía afiliación.
Fuente: Infobae.com
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