diciembre 7, 2021

Vecinos de Melipilla denuncian irregularidades en obras de empresa eléctrica: “Prefieren pagar multas en lugar de hacer bien su trabajo”

En 2016 la empresa energética transnacional Eletrans se adjudicó la realización de un proyecto consistente en la construcción y explotación de una nueva línea de transmisión eléctrica de alta tensión entre Melipilla, Lo Aguirre y Rapel para dar cumplimiento al Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal del Ministerio de Energía.

 

Durante la evaluación ambiental del proyecto, distintos organismos sectoriales manifestaron disconformidad con el proyecto tal cual lo indica un comunicado de prensa enviado este medio de comunicación impreso; el descontento, es por su falta de información importante en cuanto a la afectación al componente del suelo, hidrológicos, flora y fauna, áreas de protección oficial y patrimonio cultural (Santuario Quebrada de la Plata).

 

Asimismo, agrícolas acusaron a Eletrans de incumplir las reglas de participación ciudadana aacusando a la compañia de comprometer cambios de trazado de la línea sujeto a la condición de que no realizaran observaciones al proyecto; compromiso que, en definitiva, Eletrans terminó deshonrando.

 

Sin embargo, y a pesar de haber sido informado de todas estas circunstancias, en diciembre de 2018 se dictó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto de Eletrans, sin subsanar las correcciones ni dar cumplimiento a las exigencias realizadas por ellos durante la evaluación ambiental. Ello llevó a que la ciudadanía y las agrícolas afectadas por el proyecto solicitaran al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la invalidación de la RCA del proyecto. La solicitud fue denegada y el proyecto siguió en curso, lo que para los vecinos es una medida ilegal. Según ellos, la empresa provoca un daño irreparable sobre el ecosistema y un perjuicio sobre quienes han visto su entorno destruido y alterado.

 

Por su parte, entre mayo y junio de 2020 se produjeron deslizamientos de tierra en las laderas intervenidas por el proyecto, lo que impulsó a los vecinos de Melipilla a denunciar el asunto ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Al respecto, se ha señalado que «Eletrans prefiere pagar multas en lugar de hacer bien su trabajo. Su irresponsabilidad ha tenido terribles consecuencias para la gente de Melipilla y el medio ambiente. Provocaron un alud de barro en Cerro Sombrero, inundando casas en las poblaciones de Los Valles, Lomas de Manzo y los Jazmines, construyeron torres a escasos metros de las casas en Santa Julia, contaminaron el bosque de Culiprán y comenzaron a construir ilegalmente con helicópteros, sin esperar a que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental les otorgara los permisos correspondientes», comenta Ángela Peñaloza, representante de la Comunidad de Vecinos La Huella.

 

Los vecinos y las agrícolas buscan que se deje sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto y se evalúe nuevamente, fundado en una línea de base completa, pues la evaluación ambiental de este proyecto contiene vicios de ilegalidad que se manifiestan a lo largo de la evaluación y se reproducen en la RCA, y que se realice un proceso de participación ciudadana en que todos puedan participar. Por su parte, los vecinos buscan que se sancione a Eletrans por la ejecución del proyecto sin cumplir con la normativa ambiental.

 

“Los proyectos eléctricos y las líneas de transmisión son necesarias para el país y muy delicadas desde la perspectiva ambiental. Por eso, las empresas que las ejecutan deben cumplir todos los estándares ambientales y de participación ciudadana. Los proyectos deben ser debidamente evaluados, considerando todas las áreas protegidas y no se puede bloquear la participación ciudadana a través de acuerdos que se incumplen. Aquí se pone en juego la legitimidad del proceso ambiental a propósito de proyectos sensibles y necesarios para el país, con un claro perjuicio al interés público”, dice al respecto Natalia Alfieri, abogada y asesora en derecho ambiental.

 

Sabiñe Susaeta, abogada que representa a las comunidades que impugnan la Resolución de Calificación Ambiental ante el Tribunal Ambiental, sostiene que “esta situación está demostrando una vez más que la institucionalidad ambiental en Chile no es capaz de entregar un acceso a la justicia de manera eficaz, porque los tiempos tanto del litigio como del procedimiento sancionatorio han sido tan latos que para cuando se resuelva van a estar las torres construidas y no se han acogido las medidas de suspensión de la RCA solicitadas al tribunal”.

 

Por su parte, Alberto Barros, abogado que representa a las agrícolas, sostiene que “más que limitarla a una mera instancia formal, la ley del medio ambiente reconoce en la participación ciudadana como una manera de enriquecer la decisión definitiva; incorporando la perspectiva de los afectados. En este caso, bajo la promesa incumplida de que se realizarían cambios de trazado en la línea, Eletrans excluyó del proceso a algunos de los principales afectados. Al ignorar el reclamos de mis representadas el Servicio de Evaluación Ambiental termina respaldando una actuación de mala fe del promotor, atentando contra el funcionamiento y credibilidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

 

 

 

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