Fuente: www.ciperchile.cl/
En la noche de este lunes 28 se produjo la tercera y más grave filtración de documentos de Carabineros, tras un hackeo que sufrió la institución el 22 de octubre. La exposición de documentos internos comenzó el viernes 25. Carabineros confirmó el ataque. CIPER revisó una parte de los últimos documentos filtrados, entre los que se cuentan archivos de inteligencia, el detalle de los funcionarios y armamento de algunas unidades y el monitoreo a personas y entidades catalogadas como “blancos de interés”.
El general director de Carabineros, Mario Rozas, dijo este martes 29 de octubre en La Moneda que su institución no está sobrepasada. Pero a esa misma hora la página web de la policía uniformada estaba caída. Y lo está hace muchas horas. Desde que un grupo de hackers accedió a su sistema interno para extraer y exponer en internet miles de documentos, entre ellos archivos reservados de inteligencia.
CIPER revisó parte del material que quedó expuesto en la noche de este lunes 28 de octubre y pudo comprobar que muchos de estos documentos contienen información sensible, como el armamento con que cuentan algunas unidades, “blancos de interés” para la inteligencia policial y datos sobre el resguardo de autoridades. Esta fue la tercera filtración realizada por los hackers.
La primera filtración tuvo lugar el viernes 25 de octubre, cuando los atacantes hicieron pública su acción, al subir a internet una base de datos con los nombres, RUT, sexo, zona y comisarías, de todos los funcionarios de Carabineros de Chile. Esa base la acompañaron con passwords para ingresar a la plataforma de documentación electrónica de la institución (DOE), la que desde ese día también está caída.
Un día después, el sábado 26 de octubre, los hackers concretaron una segunda filtración. Los nuevos archivos expuestos venían con un comunicado adjunto: “¿Así piensan proteger al país? ¿Dónde está la Dirección de Inteligencia (DIPOLCAR)?“, dice parte de ese mensaje. El comunicado llevaba una imagen donde se muestra que los hackers habrían accedido a la base de datos policial que registra la situación procesal de los ciudadanos del país, con lo que habría quedado expuesta información sensible de las personas.
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