En el congreso ecuatoriano se presentó un proyecto de ley que permite a la Fuerza Aérea Ecuatoriana la intervención con la fuerza a cualquiera aeronave que se encuentre volando sin autorización, plan de vuelo, sin contacto, de manera hostil o ilegalmente en Ecuador. Esta nueva normativa facultaría a las fuerzas militares para derribar, especialmente, las narcoavionetas, que circulan con frecuencia en el espacio aéreo ecuatoriano.
Actualmente, la legislación permite el derribo de aeronaves solo cuando se trate de un conflicto bélico o una crisis internacional y en las situaciones en las que exista una amenaza a la soberanía del Estado.
Según la propuesta de ley, para detectar que una aeronave es hostil se deberán evaluar al menos doce factores relacionados con la autorización, la identificación y la comunicación con la aeronave. En caso de que el avión o avioneta sea declarado como hostil, la Fuerza Aérea podrá hacer uso de la fuerza a través de la persuasión, la neutralización o el derribo. El proyecto de ley también señala que un dron podrá ser considerado como aeronave hostil.
La posibilidad de derribar aeronaves será considerada solo en última instancia, de acuerdo a la propuesta legislativa. Si después de aplicar medidas de persuasión, como la comunicación a través de radio y cartelería, o cuando ya se haya hecho uso de munición trazadora, la Fuerza Aérea podrá derribar, con un disparo directo a la aeronave, con la finalidad de provocar daño que impidan que esta siga volando. Una vez que la aeronave sea derribada, la entidad deberá remitir la confirmación de la operación y la información de esta a la Policía Nacional, a la Fiscalía General del Estado y a Criminalística, para que continúen los procedimientos de ley.
La legisladora Johanna Moreira, del partido Izquierda Democrática, fue quien presentó el proyecto de ley que, según recoge El Universo, permitirá “la identificación de una aeronave irregular, la interceptación e incluso el derribo de la misma, como una acción final sobre nuestra soberanía; enviando un mensaje claro a esos grupos delincuenciales del país, especialmente a cárteles mexicanos y colombianos que operan en Ecuador”.
La propuesta de ley deberá tener concordancia con los conceptos y protocolos internacionales para el proceso de interceptación y derribo. Además, deberá seguir el procedimiento de creación de legislación en el Ecuador. Primero deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa, que es el órgano más importante de la Asamblea Nacional. De ser calificada la propuesta se la enviará a una de las comisiones del congreso para que la analice y presente un informe. Si el informe es aprobado dentro de la comisión y se sugiere que la propuesta pase al pleno, entonces en sesión plenaria los legisladores debatirán por dos ocasiones la propuesta hasta su aprobación y archivo. Si es aprobada, esta se enviará al Presidente, quien tiene la opción de vetar total o parcialmente la ley.
Fuente: Infobae.com
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