Desapariciones y cementerios clandestinos: dos dramas de El Salvador de los que Nayib Bukele hace silencio

El ministro de seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, montó la conferencia de prensa para hablar de las desapariciones de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, de 18 y 20 años, a quienes su familia tenía casi dos meses sin encontrar. Había expectativas por las declaraciones del ministro: el gobierno de Nayib Bukele no suele hablar de los desaparecidos.

Villatoro y el gabinete de seguridad presentaron ante cámaras a dos supuestos pandilleros de la MS13 acusados de “participar” en la desaparición de los Guerrero Toledo.

Además, Villatoro, flanqueado por el fiscal general salvadoreño y el director de la Policía Nacional Civil, ocupó sus palabras para responsabilizar a la madre de los jóvenes por no poner la denuncia a tiempo y, más grave, para insinuar sin pruebas que la desaparición tenía que ver con posibles nexos de los Guerrero Toledo con sus captores.

Dos días después, con el rostro cargado de lágrimas e indignación, Dina Ivette Toledo, madre de los chicos, hizo algo que se ha vuelto peligroso en El Salvador: contradecir en público a las autoridades. Es mentira, dijo la mujer, que sus hijos tengan vínculos con pandillas o estructuras criminales. Toledo también responsabilizó a Villatoro por cualquier “represalia” que ella sufra.

Nayib Bukele habla muy poco de las desapariciones y cuando lo hace, desde sus redes sociales, es para reproducir el discurso de su gabinete de seguridad. Ni el presidente ni sus funcionarios abundan en cifras o en políticas públicas para enfrentar el fenómeno.

El 8 de noviembre, cuando el ministro Villatoro presentó a los sospechosos en el caso de los hermanos Guerrero Toledo, la cuenta de Twitter de Bukele arrancó la mañana reproduciendo la versión de los nexos con los victimarios que la mamá de los muchachos negaría luego entre lágrimas.

Después de eso, y durante tres días, el presidente volvió a guardar silencio sobre las desapariciones; su comunicación se centró en otro problema de seguridad pública: el aumento repentino de homicidios, que subió el promedio a más de diez diarios, lo cual, como reportó Infobae, estuvo relacionado al pacto que el gobierno salvadoreño mantiene con las pandillas MS13 y el Barrio 18.

Tras la mayoría de las desapariciones forzadas en El Salvador también están las pandillas, según una especialista consultada; las mismas con las que el gobierno ha pactado gobernabilidad.

Las proyecciones más pesimistas de las autoridades salvadoreñas, compartidas a Infobae por un funcionario de la Fiscalía General que habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, son que 2021 terminará con un promedio de siete desapariciones diarias, cifra que incluye privaciones de libertad y desapariciones forzadas.

La Policía Nacional Civil (PNC) reduce la proyección a la mitad, a una cifra más cercana a las cuatro desapariciones diarias. La Policía, sin embargo, ha sido señalada, durante el gobierno de Nayib Bukele y en los anteriores, de maquillar las cifras. Un estudio reciente de la no gubernamental Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) estableció, por ejemplo, que entre 2014 y 2019, la PNC reportó 10,000 homicidios menos que los reportados por la Fiscalía en el mismo periodo.

Jeannette Aguilar, la consultora que coordinó el estudio de FESPAD y una de las especialistas más citadas en estudios sobre violencia en El Salvador, coincide en fijar la cifra de desapariciones en el promedio de siete diarios, que no ha cambiado respecto a 2020, según los números de la Fiscalía. En 2019, el promedio diario fue de 9 desapariciones al día; ese fue el año que Bukele asumió la presidencia del país.

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