La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la indicación que propone un impuesto a los «súper ricos» en el proyecto que financia la Pensión Garantizada Universal (PGU), luego de lo cual fue despachada a la Sala.
La indicación -presentada por congresistas de Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social- fue al mismo tiempo rechazada por el Gobierno, que hizo reserva de constitucionalidad y advirtió que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que avance.
«Vamos a ir al Tribunal Constitucional y lo que pasará es que se va a empezar a pagar la PGU y esperamos que no se retrase por este requerimiento en el TC», señaló el ministro Juan José Ossa.
Por otra parte, el Ejecutivo proponía un plazo de seis meses para comenzar con la eliminación de tributos a los mercados de capitales. Sin embargo, los diputados lo dejaron finalmente en tres meses, lo que provocó que el Gobierno también hiciera reserva de constitucionalidad sobre este tema.
En paralelo, en la presente jornada comenzó la discusión del proyecto de ley de Pensión Garantizada Universal en la Comisión de Trabajo del Senado, instancia que contó con la presencia del ministro Patricio Melero.
«El objetivo de este proyecto es mejorar los montos de las actuales y futuras pensiones a través de la creación, por primera vez dentro de la seguridad social del país, de una Pensión Garantizada Universal para todos los adultos mayores de 65 años que no estén en el 10% más rico de la población», sostuvo.
No obstante, el secretario de Estado aclaró que la iniciativa «beneficia al 90% de los adultos mayores. Según la pensión que tengan, el monto varía. Desde los $630 mil en adelante se produce una gradualidad respecto a lo que reciben».
«La PGU tiene un enorme beneficio para las mujeres y para los sectores medios«, agregó Melero, quien fue consultado sobre este tema en compañía de las ministras Karla Rubilar y Mónica Zalaquett.
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