A cuatro años de la avalancha de la biomasa, aquel 16 de enero de 2016, y del posterior incendio del relleno Santa Marta un día y medio después de ese primer incidente, vecinos del sector Lonquén y querellantes colectivos, observan con relativa satisfacción lo ocurrido en unos cuantos meses en el plano administrativo y también en lo penal desde casi fines de 2019 e inicios de 2020. Así lo expresa Andrés Zolnher, vecino querellante en esta causa y opositor histórico a la instalación de dicho relleno.
“La realidad es que creo que existe una especie de satisfacción en gran parte de la gente en Lonquén por el hecho que hemos logrado a nivel jurídico tener una sentencia inapelable que demuestra que hay daño ambiental real, con eso nos dieron la razón en aquello que venimos diciendo, no solamente los últimos cuatro años después de los sucesos que tuvimos sino de cuando empezó a operar el relleno sanitario”, subraya el vecino.
Avances en un momento particular de la sociedad chilena
Para Zolnher aunque lentamente la institucionalidad comienza a coincidir con aquello que siempre los vecinos han denunciado y han pretendido en su férreo antagonismo ante el relleno y el consorcio operador, cabe considerar la coyuntura social como un aspecto gatillador en estos avances. “No hay que descontextualizar el hecho de que también el estallido social creó un clima favorable que obliga a gran parte de las instituciones del Estado, en el fondo, a ser cuidadoso con sus decisiones”, enjuicia el querellante.
“Eso –añade-, seguramente, a jugado a favor nuestro porque la realidad es que nos parece bastante excesivo el tiempo que se ha tomado, por un lado, fiscalía con el tema de la investigación de hechos que son claramente delitos y que recién a más de cuatro años de los hechos recién estén fijadas las primeras formalizaciones”. No obstante, Andrés Zolnher contextualiza su parecer, señalando que no hay que olvidar que el relleno sigue allí, contaminando e incumpliendo algunas resoluciones adoptadas a partir del incendio del 2016.
El relleno sigue funcionando
“Vale mencionar que la superintendencia enfrenta hoy día un relleno sanitario que está en operaciones, que está bajo el régimen de un programa de cumplimiento y todos saben que ese programa –valga la redundancia- no se está cumpliendo y eso debió haber conducido a que la superintendencia declare el programa de cumplimiento como no existente y debían haber restituido el proceso de sanción. Eso es lo que corresponde por ley”, subraya el vecino.
A juicio de Andrés Zolnher en esta causa hay más responsables que los gerentes y encargados de diversas áreas de operaciones. “Está claro que cuando ellos persisten en una forma de actuar y persisten en el daño ambiental de manera progresiva, durante tanto tiempo, tenemos que partir que esto es de conocimiento del directorio”, argumenta el querellante, quien también asigna a la institucionalidad pública cuotas de responsabilidad importante en lo ocurrido finalmente el verano de 2016.
La importancia de los querellantes en todo esto
“Aquí son vecinos los que persiguieron, a nivel jurídico, que se detectara que hay daño ambiental”, reafirma Andrés Zolnher y argumenta que “hay que preguntarse por qué no lo hizo el Consejo de Defensa del Estado que tiene la tarea de velar por el patrimonio ambiental del país y ellos van a decir, seguramente, porque la Superintendencia de Medio Ambiente nunca les dijo nada, entonces, vale preguntarse: ¿por qué la superintendencia hasta el día de hoy no ha tenido una postura más clara?”.
“Si se trata de lo penal, pensamos que también aquí existe una institucionalidad del Estado que va a tener que responder”, continúa el vecino querellante, para quien lo ocurrido en torno al relleno Santa Marta tiene más de una arista. “Sabemos que aquí el mundo político ha tenido una complicidad con este privado, porque sin ninguna duda, nada de lo que ha sucedido habría sido posible si no hubiese contado Santa Marta con la protección política que suponemos existe”, afirma.
A cuatro años de lo que fue el incendio del relleno Santa Marta de Lonquén y bastante más de la instalación de dicho enclave, los vecinos del sector esperan cautos lo que será la jornada de formalización e insisten en su tesis inicial. “Pienso que el estallido social empujó al Ministerio Público de ser cuidadoso de sus decisiones, porque sí es extraño que después de más de tres años y después de haber anunciado en reiteradas ocasiones de que se iba a formalizar, eso recién esté sucediendo ahora”, señala Andrés Zolnher.
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