Un gigante chino y la arremetida de un grupo chileno: El perfil de las firmas que se adjudicaron la discutida licitación del litio

Un gigante chino

Por un lado está la china BYD Chile SpA, que fue establecida en 1995 en Shenzhen y hoy figura como una compañía multinacional líder en el desarrollo de nuevas tecnologías, y si bien es un nuevo actor en Chile, lo cierto es que no es desconocida en la industria del litio, como una gran consumidora del metal.

Si bien antes fue conocida como la segunda mayor productora de baterías recargables del mundo, BYD (Bild Your Dreams) es una de las firmas más competitivas en el creciente mercado de autos eléctricos y las baterías necesarias para su desarrollo. De esta forma, en 2020 totalizó ganancias por unos US$643 millones.

En la actualidad cuenta con 220.000 empleados y más de 30 parques industriales en todo el mundo, y está compuesta por cuatro principales áreas de negocios, que son: Tecnologías de Información (TI), Diseño y Fabricación de Vehículos, Nuevas Energías (paneles solares, almacenamiento de energía y LED), además de la solución de transporte eléctrico masivo que impulsan conocido como SkyRail.

Se define además como una sociedad comprometida a desarrollar soluciones «para un ecosistema de cero emisiones», mientras que sus vehículos de nuevas energías se venden en más de 300 ciudades, en 50 países, y han ocupado el primer lugar en ventas a nivel mundial durante tres años consecutivos. Otro dato relevante es que en su propiedad participa como inversor el magnate estadounidense, Warren Buffet.

La compañía ha suscrito millonarios contratos de compra de litio para asegurar su abastecimiento para baterías para su producción para los próximos años. Ahora bien, su arribo a Chile fue en diciembre de 2014, como subsidiaria de BYD Company Limited, siendo la primera en introducir la flota de taxis eléctricos en nuestro país, que entró en operación en diciembre de 2015.

En noviembre de 2017 marcó un hito al presentar los dos primeros buses eléctricos certificados para la operación en el Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago (Transantiago). Un año después, BYD concretó la entrega de la flota más grande de América, con los primeros 100 buses eléctricos en Santiago, consolidándose como líder de la electromovilidad en el país. En la actualidad, 435 buses 100% eléctricos BYD circulan por Santiago, según explica la empresa en su sitio web.

Grupo Errázuriz La segunda ganadora fue la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., y forma parte del conglomerado de empresas Inversiones Errázuriz S.A., pertenecientes al empresario y político chileno Francisco Javier Errázuriz, patrimonio que hoy en día es administrado por si hijo, Francisco Javier Errázuriz Ovalle.

Este fue creado en 1988, y llegó a tener una planta de 10.000 trabajadores y 1.000 profesionales. Como un extenso aspirante para ingresar al negocio del litio, el grupo se caracteriza por ser un producto de yodo desde hace más de 40 años, por lo que en este proceso en específico presentó varias ofertas, entre ellas, la segunda más grande, por US$60 millones, impulsada por Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., y la segunda –que fue por la mitad de precio- ofrecida por Cosayach Caliche S.A. Esta última fue representada por Alejandro Puelles, mientras que en voz de Servicios y Operaciones Mineras del Norte estuvo Andrés Feliú, ambos ejecutivos del grupo.

Se trató de una estrategia que llamó la atención, no solo por la significativa diferencia de valores, sino que también porque sus contendores la interpretaron como una método para asegurarse ganar al menos una de las cinco cuotas de litio en cuestión. Cabe mencionar que en 2018 el grupo presentó a evaluación ambiental un proyecto de US$350 millones para producir litio en el Salar de Maricunga, el que fue aprobado en septiembre de 2020.

Con esto, el Ministerio de Minería explicó que previo al inicio de la etapa exploración y producción, «las compañías deberán obtener frente a las autoridades pertinentes -ambientales y otras- todos los permisos requeridos, así como generar los espacios de diálogo necesarios para asegurar que los proyectos se desarrollen en armonía con las comunidades locales, cuidando el medioambiente y respetando nuestra legislación vigente».

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