Senado aprobó reforma al Código de Aguas tras 11 años en el Congreso

La senador, Yasna Provoste, destacó la decisión señalando que «Chile contará con un nuevo Código de Aguas que garantiza el acceso al agua como un derecho humano. El nuevo texto impedirá que se constituyan nuevos derechos en cauces de comunidades indígenas».

 

El Congreso despachó ayer el proyecto que actualiza el Código de Aguas, luego de que la Sala del Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta, la cual ya había sido aceptada por la Cámara de Diputados.

La norma declara las aguas, independiente su estado, como «bienes nacionales de uso público». En concreto, su dominio y uso pertenece a los tos habitantes del país.

«Hoy dimos un gran paso en ese camino. El agua es uno de los mayores desafíos que tenemos como país y la única forma de enfrentarlo con éxito es trabajando unidos”, celebró el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

En tanto, la senador, Yasna Provoste, destacó la decisión señalando que «Chile contará con un nuevo Código de Aguas que garantiza el acceso al agua como un derecho humano. El nuevo texto impedirá que se constituyan nuevos derechos en cauces de comunidades indígenas».

Reformas

Dentro de los cambios que se realizaron al Códigos de Aguas, destacan varios puntos de interés.

Se acordó que los concesionarios mineros deberán informar a la DGA para utilizar las aguas, fijando un plazo de 90 días, prorrogables por solo una vez, para que dicha repartición evalúe si la extracción afecta la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros y manteniendo la restricción, acordada en el Senado, de que tales aguas solo pueden utilizarse en faenas de explotación.

A su vez, se precisó que, en caso de término, caducidad, extinción o renuncia de un derecho de aprovechamiento, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas.

Se le entrega mayores facultades a la Dirección General de Aguas (DGA) para revisar, en cualquier momento, las circunstancias que dieron origen a la declaración del área de restricción y se obliga a una evaluación transcurridos cinco años. También la DGA podrá revisar las distintas concesiones para su renovación o rechazo.

Por último, se estableció la prohibición de construir sistemas de drenaje en las zonas de turberas, incluyendo a la provincia de Chiloé, además de las regiones de Aysén y de Magallanes.

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