- Abogado querellante dio cuenta de un intercambio de correos electrónicos entre el Gerente General de Santa Marta, Rodolfo Bernstein, y el entonces alcalde de Talagante.
Una situación bastante compleja que afecta al ex–alcalde de Talagante y hoy Diputado Raúl Leiva Carvajal, fue enunciada durante los alegatos tanto del Ministerio Público como por la parte querellante -en representación de los vecinos de Lonquén-, durante la Audiencia de Formalización llevada a cabo este miércoles 1 de septiembre por parte del Tribunal de Garantía.
El punto comenzó a salir a luz pública a raíz de la medida cautelar solicitada por el abogado querellante, Mauricio Pagueguy, quien fundamentó su solicitud de arraigo domiciliario total, como medida cautelar para el directorio de Santa Marta, en la capacidad que tienen sus miembros para influir o alterar la investigación, cuestión que fue consultada por el Magistrado al Fiscal Heriberto Reyes, considerando su calidad de encargado de la investigación.
En tal sentido, el persecutor admitió que “hemos verificado en terreno que ellos perfectamente pueden influir y hay manifestaciones de la injerencia que pueden tener” e indicó que además de constituir una empresa grande, como dijo la abogada defensora, Santa Marta recibe la basura de muchos municipios “y eso genera mucha dependencia, porque de lo contrario el municipio tiene un problema sanitario, si no tiene quien le reciba la basura y esto además es un negocio lucrativo”.
No obstante, Heriberto Reyes fue más allá y dio cuenta de un hecho en la investigación de la causa Santa Marta 1 y que tuvo directa relación con la Municipalidad de Talagante. “Yo me hice la pregunta un día: ¿cómo estarán las autorizaciones municipales? Era una administración anterior a la actual, entre paréntesis para dejar en claro eso, no quiero enlodar a nadie. Y resulta que yo empecé a consultar porque ya Santa Marta llevaba operando unos 10 años aproximadamente y no tenía recepción final”.
En tal sentido, el fiscal subrayó este hecho, por cuanto “acá el municipio hasta para poner un kiosko, es extremadamente puntilloso” y continuó que debido a esta extraña situación decidió hacer un allanamiento sorpresa un viernes en la tarde, cuando ya no había nadie en la Municipalidad de Talagante. “Y –precisó-, cuando yo allané la municipalidad, ¿sabe qué me encontré Magistrado?, todos los funcionarios de la Dirección de Obras trabajando muy apurados, preparando las carpetas porque iban a ir el día lunes a hacerle la recepción final a Santa Marta, después de que supieron que yo tenía una causa en contra Santa Marta, después que había estado 10 años sin recepción final”.
No obstante, la alusión más directa a la anterior administración municipal provino desde el abogado querellante e hizo alusión directa al hoy Diputado Raúl Leiva. “Me voy a detener en un aspecto, Su Señoría, que, quizás, es fuerte lo que voy a decir, pero me voy a hacer cargo”, comenzó señalando Mauricio Pagueguy, quien continuó argumentando que la causa “Santa Marta 1 tiene una desviación que hoy día es materia de Alta Complejidad y en esta me voy a detener” y que surge de la incautación de servidores desde la municipalidad.
“Me voy a colgar de lo que acaba de señalar el Señor Fiscal, cómo puede ser posible que una empresa que no tenga recepción final pudo operar 10 años, pero la respuesta se la voy a dar en un correo que voy a hacer mención en este aspecto dirigido por el señor Rodolfo Bernstein -formalizado en la causa Santa Marta 1-, dirigido a quién, dirigido al Alcalde de Talagante, hoy Diputado de la República. Señala: ‘nuestro Alcalde de Talagante necesita ayuda de este trabajo, hablemos mañana para negociar, Rodolfo’. Respuesta del Señor Alcalde, hoy Diputado: ‘Rodolfo este es el trabajo, si me puedes ayudar, te debo una’. ¿De qué estamos hablando Su Señoría?”, reseñó el abogado Mauricio Pagueguy.
Frente a estos hechos, el abogado querellante en representación de los vecinos de Lonquén afectados sostuvo que en relación a los servidores incautados ya “pidió a la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional se efectuara una pericia privada” para establecer este tipo de hechos que incluso también vinculan a algunos servicios encargados de fiscalizar el funcionamiento del relleno sanitario, como la Seremi de Salud.
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